Expertos y autoridades políticas discutieron sobre el potencial de las áreas protegidas del Estado para impulsar el desarrollo socioeconómico local, así como su importancia en el resguardo del capital natural del país.
5 de septiembre de 2023.- En el Congreso Nacional de Santiago tuvo lugar el seminario “Financiamiento de Áreas Silvestres Protegidas: inversión necesaria para el desarrollo sostenible”, en el cual se expusieron datos y antecedentes que dan cuenta del potencial de las áreas protegidas como catalizador del desarrollo socioeconómico local y nacional.
“Estamos frente a una enorme oportunidad y responsabilidad. Gran parte del territorio nacional está bajo alguna figura de protección como parques o reservas nacionales que albergan parte de nuestro gran capital natural, y que tienen un tremendo potencial de aportar al desarrollo económico de las comunidades. Sin embargo, como Estado no hemos sido capaces de ponernos a la altura de la responsabilidad que eso significa, y no hemos destinado los esfuerzos ni recursos para que las áreas protegidas (AP) sean el polo de desarrollo que pueden llegar a ser, resguardando al mismo tiempo sus ecosistemas y biodiversidad”, señaló el Senador Ricardo Lagos Weber, anfitrión del evento.
El 22% del territorio de Chile y el 43% de su mar están bajo algún área protegida del Estado, sin embargo, a juicio de los expertos, gran parte de ese porcentaje ha estado escasa o nulamente gestionado, a pesar del reconocido esfuerzo que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha puesto en ello. Sin la gestión adecuada las áreas protegidas no han cumplido con su objetivo de proteger los ecosistemas y biodiversidad, ni tampoco de ser un elemento de desarrollo socioeconómico para las comunidades locales.
Respecto a este último punto, Jim Barborak, experto internacional en desarrollo y financiamiento de áreas protegidas con más de 40 años de experiencia trabajando en varios países de Latinoamérica, señaló que diversos estudios a nivel global demuestran que la presencia de AP bien gestionadas genera beneficios económicos en las comunidades que viven aledañas a estas áreas, motivo por el cual varios países han adoptado una mirada de desarrollo económico basada en la naturaleza y las áreas protegidas. “Las áreas protegidas pueden promover el bienestar humano, producir empleo e ingreso a sectores marginados y contribuir a la protección de la biodiversidad. El desafío en Chile es pasar de áreas que son prácticamente de papel, a áreas con buena gestión para mejorar su conservación y también proveer un flujo constante y considerable de beneficios económicos a las comunidades”, dijo Barborak durante el seminario organizado por el Senado de Chile junto al Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, Fundación Terram, y la ong Pew.
Casos emblemáticos de países que han hecho de las áreas protegidas un modelo de desarrollo, son Costa Rica, Nueva Zelandia, Colombia o Estados Unidos, entre otros. Para dar algunos números, el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. reporta que el año 2022 generó un total de 42,5 billones de USD y un total de 322.600 empleos, siendo locales la mayoría de ellos. Es así como se estima que, por cada 1 USD invertido en parques nacionales, se genera un retorno económico de 10 dólares a la economía nacional de EE.UU. Valores similares han sido estimados para el caso de Brasil, donde 1 dólar invertido por el Estado tendría un beneficio económico de 7 USD en la economía nacional.
Sin embargo, según el estudio “Targeting global conservation funding to limit immediate biodiversity declines” Chile se encuentra dentro de los 10 países que menos aporta a nivel global a la conservación de su biodiversidad. Para el caso particular de las áreas protegidas, el presupuesto total anual según Ley de Presupuestos para el 2023, es de 19.000 millones de pesos, equivalentes a 1.800 pesos por hectárea de área protegida.
Desde Fundación Terram, su directora ejecutiva, Flavia Liberona, señaló que “nos preocupa el descompromiso estatal con el financiamiento para la gestión y administración de áreas protegidas públicas. Desde hace años observamos que, si bien se crean nuevas áreas protegidas, esto no implica un incremento en el aporte fiscal. Por ejemplo, el presupuesto total asignado vía Ley de Presupuesto $ 19.045 millones contempla del orden $ 8.000 millones de aporte fiscal y casi $ 11.000 millones por ingresos de operación o sea por recaudación de corte de entradas a áreas protegidas del SNASPE y tan solo $ 433 millones para Áreas Marinas Protegidas”.
Otra arista de la discusión sobre financiamiento en áreas protegidas la planteó el Prof. Juan Carlos Miranda, economista y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, refiriéndose a la tendencia mundial de valorizar económicamente los servicios que otorgan los ecosistemas en beneficio de la humanidad. “Hoy es clave darle un valor económico al servicio de provisión de agua o de regulación climática del bosque nativo adulto, por ejemplo, y para contribuir a ello hemos realizado un estudio que nos permite estimar, de forma muy moderada, cuánto vale la función de purificación de agua de los humedales, o el servicio de regulación hídrica de los glaciares, por nombrar algunas funciones de algunos ecosistemas, lo cual resulta sumamente importante al momento de tomar decisiones que pudiesen afectar su integridad”, señaló Miranda en relación a un estudio piloto (pronto a publicarse) que analiza y valoriza los servicios ecosistémicos de siete parque nacionales de la Región de Aysén. Parte de los resultados indican que el valor mínimo estimado para esos parques en conjunto es de US$ 4.498.361 (equivalente al 1,5% del PIB nacional al año 2022), siendo los boques nativos, los glaciares y campos de hielo, los que ecosistemas que aportan servicios con mayor valoración económica.
Con esa misma mirada, en enero de este año se creó el Comité de Capital Natural, presidido por un representante del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y El Banco Central, quienes tienen como misión generar información y conocimiento ambiental en clave económica para la toma de decisiones financieras de presupuesto público y productivas en el país.
Tanto la creación de este comité como la reciente aprobación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Chile (SBAP), son señales de que el país está avanzando hacia la valoración de la naturaleza y sus ecosistemas, dados los beneficios múltiples que otorgan a la sociedad. Bajo ese contexto el Ministerio de Medio Ambiente, representado por la jefa de la División de Biodiversidad, Daniela Manuschevich, dijo que “Tenemos que avanzar efectivamente en la valorización de la naturaleza y en cómo esto impacta la mejora de un presupuesto. No da lo mismo tener o no tener SBAP: ahora tenemos un servicio que se encargará de las áreas protegidas y biodiversidad y es ahí donde vamos a poner nuestros ojos, es ahí donde se va a poder enfocar el presupuesto. En ese contexto, el desafío es seguir mejorando el presupuesto, mejorando la gestión con sistema moderno, pero hay oportunidades, porque contar con la posibilidad de construir este nuevo servicio es una oportunidad única y hay que entenderla así porque de lo contrario no la vamos a aprovechar”.
Complementariamente, Renzo Galgani, gerente general de Áreas Protegidas de CONAF, señaló que la falta de financiamiento para la administración y gestión de las áreas es crítica, no se condice con la intención de valorar y proteger el capital natural del país. “Me parece extremadamente relevante contar con espacios como estos, de coordinación de múltiples actores y datos consensuados para establecer una decisión política común sobre las áreas protegidas, porque en la actualidad hay iniciativas y decisiones que no se condicen con un mismo objetivo”.
En efecto, hay tan solo 580 trabajadores en funciones de gestión de las áreas protegidas del Estado, y el 20% de las 108 áreas protegidas que administra CONAF no cuenta con guardaparques. Más de la mitad del 80% restante, tienen escasa dotación de guardaparques permanentes. Un claro ejemplo es el de Jovito González, único guardaparques para todo el Parque Nacional Kawésqar, área protegida que tiene el tamaño de Bélgica. Con todo, se estima que en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres del Estado (SNASPE) habría un guardaparque por cada 37.200 hectáreas en promedio, aun cuando las recomendaciones internacionales son de un guardaparque cada 2.600 hectáreas, es decir, 14 veces más. Respecto a esto, los expositores coinciden en que un número adecuado de guardaparques es un factor básico para asegurar el cuidado de la naturaleza en las áreas protegidas y desarrollar actividades turísticas bien reguladas.
Sin embargo, Barborak enfatiza en que “es importante insistir que en ningún país del mundo el turismo financia los sistemas de áreas protegidas. Es imposible. Las áreas protegidas son más que turismo y recreación, son sumideros de carbono, son agua, son prevención de desastres, son protección de biodiversidad, y ese valor no lo cubre el pago de un pase de ingreso. Hay que mejorar el financiamiento público de las áreas protegidas, y eso es algo en lo que Chile anda malísimo, similar a Haití y Bangladesh. En Chile el aporte del Estado por hectárea protegida o por ciudadano, es realmente del nivel del cuarto mundo”, sentenció.
“Ahora contamos con una nueva institucionalidad como lo es el SBAP y, como ya conocemos la brecha financiera para lograr una adecuada protección de las áreas protegidas, ahora hay que buscar una fórmula para que el Estado pueda hacerse cargo de este financiamiento, eso puede ser en un compromiso de varios años, por ejemplo. Soy optimista y veo el vaso más lleno que vacío, reconozco los avances que ha habido en materia de protección ambiental, pero si queremos ser un ejemplo de conservación, eso se hace con recursos y debemos trabajar para que en el presupuesto se contemple este financiamiento”, finalizó el senador Lagos Weber.
