César Guala Catalán, Director Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Rayén Catrileo Herrera, Investigadora asociada Programa Austral Patagonia UACh.
Chile, al igual que la mayoría de los países del mundo, ha asumido el compromiso internacional de proteger efectivamente su biodiversidad, entendiendo que ya no basta con aumentar la superficie de ecosistemas bajo protección oficial, sino que debe demostrarse que tal superficie cuenta con una gestión óptima para cumplir el objetivo de fondo: la conservación.
Desafíos como la protección y gestión eficaz de, al menos, el 30% de las zonas terrestres y aguas continentales, costeras y marinas al año 2030 (meta 30×30 concertada en la última COP15 del Convención de Diversidad Biológica o CDB, nos obliga a mirar dentro de las áreas protegidas, porque sabemos que su gestión dista mucho de ser eficiente. La pregunta que surge, entonces, es ¿eficiente según qué o quién?
Existen en el mundo variados mecanismos para medir la gestión de las áreas protegidas, incluidos aquellos que se basan en la definición de estándares de conservación, sin embargo, hay uno que sobresale por ser el más exigente y moderno: la Lista Verde de las Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Se trata de un sistema de certificación para áreas protegidas y conservadas que alcanzan una gestión adecuada, medida por los parámetros del estándar internacional Lista Verde que cada país interesado debe adaptar a su realidad nacional para poder utilizarlo. Tan rigurosa es Lista Verde, que la misma CDB la ha reconocido como herramienta válida para corroborar la conservación efectiva de la biodiversidad y de los valores culturales en las áreas protegidas de un país, y la promueve como tal.
La buena noticia es que hace unos días UICN anunció que nuestro país ya cuenta con su estándar nacional de Lista Verde, resultado del trabajo del grupo experto evaluador de Lista Verde para Chile (EAGL Chile, por sus siglas en inglés). Con ello el país se encuentra oficialmente preparado para que cualquiera de sus áreas protegidas y conservadas, tanto públicas como privadas, pueda ser evaluada bajo este estándar para luego optar a su certificación e ingreso a la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas del mundo.
Anterior a este hito aquello no era posible, porque el proceso de instalación del sistema Lista Verde en Chile aún no estaba completo. Lo había iniciado CONAF el año 2020, con apoyo del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile y la ONG The Pew Charitable Trusts, al realizar un ejercicio interno de autoevaluación de 24 parques nacionales con el objeto de conocer las brechas de gestión en el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado e identificar oportunidades de mejora.
De este ejercicio se concluyó que dos parques (Cerro Castillo, en la Región de Aysén, y Vicente Pérez Rosales, en la Región de Los Lagos) estaban más cerca de alcanzar el estándar Lista Verde y que, por lo tanto, serían ellos los que se postularían a este sistema. El sueño sería sumarse, algún día, a las 61 áreas de todo el mundo que actualmente integran la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas, para lo cual guardaparques y administradores de ambos parques han trabajado arduamente, con más pasión y corazón que recursos.
Si cumplir con el estándar Lista Verde y recibir la certificación correspondiente es garantía de estar haciendo las cosas bien en materia de conservación, Chile está frente a una herramienta potente para demostrar que se acerca a metas como la del 30×30, no por haber ampliado sustancialmente la superficie terrestre y marina protegida en el mapa, sino por estar haciendo gestión y conservación real en ellas. Lo anterior, en plena sintonía y complementariedad con el cumplimento de los estándares nacionales de conservación, como el que hace unos años elaboró el Ministerio de Medio Ambiente en relación con la conservación privada en Chile.
Según se ha dicho en la CDB, lo que está en juego no podría ser más crítico: el planeta está experimentando un peligroso declive en la naturaleza como resultado de las actividades humanas, y ello requiere de medidas urgentes para frenar esa tendencia y revertirla. Sin duda, cumplir con el estándar de la Lista Verde es una de ellas.
Ya dimos el primer paso hacia esa meta, un paso importante; sin embargo, desde ahora es necesario que el Estado reconozca el valor de esta herramienta y promueva su aplicación para cumplir los compromisos internacionales, pero, sobre todo, los compromisos y obligaciones que -como seres humanos y sociedad- tenemos con la naturaleza y las comunidades locales.
