En el marco de la tramitación de los Ecmpo Cisnes y Huichas, Región de Aysén, dirigentes y miembros de las comunidades han recibido denostaciones que se suman a otros esfuerzos por interferir en la tramitación de estos espacios.
A través de una carta dirigida al presidente Boric las comunidades indígenas costeras de la Región de Aysén hicieron llegar su preocupación ante los ataques y denostaciones racistas que han sufrido estos últimos meses, solicitándole -además- su intervención para restaurar la transparencia en la implementación de la Ley Lafkenche. Se trata de un llamado de atención y de apoyo que surge en medio de la tramitación de la solicitud de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (o Ecmpo) Huichas y Cisnes, que ya cuentan con la acreditación de CONADI, y que este viernes serán expuestos en la Comisión Región de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Aysén. Es justamente este último hito el que habría despertado el ensañamiento contra los dirigentes y miembros las comunidades indígenas solicitantes.
“Desde diciembre de 2023 hemos enfrentado graves ataques provenientes de actores asociados a industrias, como la acuícola y de intereses pesqueros, pero también por parte de dos consejeros regionales en servicio, que participan la CRUBC”, señala el documento firmado por Daniel Caniullán, Longko de la Comunidad Indígena Pu Wapi de Guaitecas y representante de la solicitud de Ecmpo Cisnes, y Nelson Millatureo, presidente de la Comunidad Indígena Antunen Rain de Islas Huichas y representante de la solicitud de Ecmpo Huichas. Sin embargo, manifiestan que la hostilidad comenzó casi al tiempo de ingresarse la solicitud Ecmpo al Estado. “Desde el año 2018 nuestras localidades insulares han sido objeto de diversos cuestionamientos y malentendidos difundidos con mala intención entre los habitantes de la región, principalmente por parte de la industria acuícola y otros actores que ven en nuestras solicitudes de Ecmpo una amenaza a la explotación indiscriminada que mantienen en las aguas de esta región”.
El documento alude a que tal situación sería liderada por personas que han logrado identificar la forma de generar enfrentamientos entre los vecinos de las comunidades, desencadenado tensiones y conflictos de los cuales se benefician: “La enemistad provocada malintencionadamente entre vecinos ha obstaculizado nuestra gobernanza y la posibilidad de hacer mejoras en áreas clave, como las carencias estructurales que nos aquejan: falta de agua potable y alcantarillado, ausencia de oportunidades de trabajo, entre muchas otras”, señala.
Cabe recordar que las solicitudes de creación de los Ecmpo Cisnes y Huichas fueron ingresadas el año 2016 y 2017, respectivamente, con el propósito de emprender un proyecto colectivo orientado a restaurar los ecosistemas marino-costeros que estaban sobreexplotados y contaminados, y tomar decisiones integradoras desde las propias localidades. Se busca enriquecer los múltiples usos que allí coexisten, aplicando estándares que apelan al buen convivir entre personas y otros seres vivos.
“Estos ataques, muchos de ellos centrados en denostaciones racistas, han generado un clima adverso y desinformado, especialmente en relación con la participación de los Pueblos Originarios en la gestión de recursos marinos. También han difundido incertidumbre y temor en nuestros pescadores artesanales, insinuándoles que los Ecmpos impedirán que puedan seguir trabajando como siempre lo han hecho. Usted sabe (presidente Boric) que eso es una grave mentira, y cualquiera que lea esta ley también lo sabrá. Los ataques fomentan mentiras y alimentan prejuicios contra nuestra gente y líderes, reiterando un principio histórico impulsado por el nazismo: miente, miente, miente, que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”, dice la carta.
De hecho, los dirigentes en el documento explicitan que sus Ecmpos no afectarán las 324 concesiones acuícolas ya otorgadas y existentes en el interior de ambos espacios, así como tampoco los derechos adquiridos de la pesca artesanal. “Nuestros Ecmpos constituyen una gran oportunidad para establecer alianzas de gobernanza compartida desde ahora, ordenando un espacio en el que la ausencia del Estado ha sido crónica”.
Finalmente, los representantes indígenas solicitan al presidente Boric su intervención para “detener los ataques racistas en Aysén, que obstaculizan la comunicación y deslegitiman las voces de las comunidades” y “hacer valer las regulaciones existentes y garantizar la participación de servicios clave, como Sernapesca, en la fiscalización de la industria acuícola”. Asimismo, piden cumplir con la legislación que resguarda los derechos de las comunidades indígenas, como el Convenio 169 y el principio de considerar la consulta y el consentimiento previo.
