Cesar Guala Catalán, director Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.
No cabe ninguna duda: las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del Estado son fundamentales para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, así como para el bienestar de las comunidades cercanas a ellas o comunidades portal. Tampoco hay dudas sobre la valiosa oportunidad que nos otorgan a todas las personas, de conectarnos con la naturaleza en forma segura para nosotros mismos y para el entorno, recibiendo la recompensa física y espiritual que ello conlleva. Sin Áreas Protegidas, nuestras opciones de visitar ecosistemas grandiosos y convivir con su flora y fauna, de hacer caminatas por senderos, regocijarnos con las vistas grandiosas de los miradores y acampar cobijados por árboles, disminuirían considerablemente. Y es que son 106 las Áreas Protegidas por el Estado a lo largo y ancho de todo el país, que cubren el 21% de la superficie terrestre nacional, concentradas principalmente en la Patagonia chilena.
No cabe duda, tampoco, que la gestión y administración de tal cantidad de territorio requiere de un esfuerzo presupuestario importante, porque de lo contrario caemos en el sinsentido de tener buenas cifras oficiales de protección sin un presupuesto adecuado para que cumplan con su finalidad, es decir, la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad, y la generación de bienestar a las comunidades portal y a sus visitantes.
En Chile, sin embargo, este sinsentido ha estado presente desde la creación de la primera Área Silvestre Protegida del país en 1907, con leves tendencias a la mejora que finalmente no perduran. Hay brechas financieras importantes para la gestión de nuestras Áreas Protegidas, y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) –organismo encargado de administrarlas– ha hecho lo que ha podido, la mayoría de las veces con más pasión y corazón que recursos.
El financiamiento de este sistema está muy lejos de alcanzar los estándares mínimos que permitan proteger las ASP de forma efectiva frente a amenazas como la propagación de especies invasoras, los incendios, el uso inadecuado por parte de los visitantes, entre otras. Según las cifras entregadas por Fundación Terram, para 2022 el presupuesto asignado a la gestión del SNASPE fue de $24.509 millones, y para el año 2023 esta cifra baja a $19.045 millones, o sea, un 21% menos respecto del presente año. ¿Qué tan insuficientes son estas cifras frente al desafío de contar con una administración y una gestión efectivas y eficientes de nuestras Áreas Protegidas?
El Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, junto a investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la misma casa de estudios y a la Corporación Nacional Forestal, realizaron un estudio (pronto a publicarse) que entregará luces sobre la brecha presupuestaria existente para lograr una adecuada gestión del SNASPE. El estudio se centró específicamente en la evaluación de 18 Parques Nacionales, en torno a los cuales se analizó el escenario actual de financiamiento y se desarrolló un escenario óptimo de recursos necesarios para realizar una gestión eficaz y eficiente, determinando –preliminarmente– que la brecha presupuestaria solo para los 18 casos analizados es mucho mayor que el monto asignado a todo el SNASPE para el año 2023.
La situación actual de huelga nacional a la que se enfrentan los guardaparques de Conaf es reflejo de esta situación y da cuenta de la imperiosa necesidad de inyectar recursos que permitan a nuestras ASP ser resguardadas ante distintas amenazas, dotándolas de un número adecuado de personal debidamente equipado, y de infraestructura de acogida e información óptimas para que la actividad turística sea compatible con la protección de los ecosistemas y su biodiversidad. Estamos hablando de cifras necesarias para situarnos en un nuevo escenario de gestión de Áreas Protegidas; un escenario definido por estándares internacionales como los que nos propone la Lista Verde de la Unión para la Conservación de la Naturaleza o UICN, y que actualmente están siendo evaluados en Chile para una próxima implementación. Implementación que, sin embrago, requiere de financiamiento basal que hoy no existe.
Desde la Universidad Austral de Chile, a través del Programa Austral Patagonia –y futuro Centro de Áreas Protegidas, Comunidades Portal y Turismo–, seguiremos contribuyendo de manera concreta a mejorar los niveles de gestión en las Áreas Protegidas, particularmente de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, poniendo a disposición de los servicios públicos y, por supuesto, de Conaf, la investigación técnica científica que aporte a ese fin.
En cuanto al desafío presupuestario, esperamos que la información que aporte el estudio antes mencionado contribuya a fortalecer las decisiones del sector público para abordar las brechas existentes y encaminarnos, así, hacia la consolidación de un sistema de Áreas Protegidas moderno y ejemplar, que permita cumplir con su mandato fundamental: la conservación de los ecosistemas y el bienestar de los habitantes locales.
