12 de abril de 2013.- En el marco de la tramitación de los Espacios Costero Marino de Pueblos Originarios ECMPO Islas Huichas y ECMPO Cisnes, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, (Conadi) realizó recientemente tres jornadas de consultas comunitarias con los habitantes pertenecientes a dichas áreas. Puerto Aysén, Puerto Cisnes y Melinka fueron las localidades que acogieron esta instancia en que representantes de organizaciones indígenas, organizaciones locales, pescadores artesanales y representantes de la industria acuícola, pudieron conocer más sobre el trasfondo y alcances de los ECMPOs en tramitación, y plantear sus dudas y preocupaciones al respecto.
En ese sentido, una de las inquietudes latentes entre los asistentes fue la demora en la tramitación de estas dos ECMPOs: desde el año 2017 en el caso de ECMPO Islas Huichas, y 2016 para ECMPO Cisnes. Esto, a pesar de que la ley indica que todo proceso de tramitación no debiese tardar más de 3 años. Sin embargo, en la práctica existen en nuestro país solicitudes que llevan más de 10 años de espera, debido a las dificultades que enfrentan los servicios que intervienen en el proceso.
Una de las principales repercusiones de esta tardanza es que, por reglamento, durante la tramitación de una ECMPO otras solicitudes de uso quedan congeladas, causando malestar en múltiples actores que desarrollan usos extractivos en el mar. Como respuesta, estos han desarrollado diversas campañas que catalogan a las ECMPO como una amenaza al desarrollo nacional, una aberración legal, o una serie de interpretaciones erradas sobre la administración de un Espacio Costero Marino de estas características, fomentando temor e incertidumbre en la ciudadanía.
Al respecto, Daniel Caniullán, líder de la comunidad indígena PuWapi de Guaitecas y representante de la solicitud del ECMPO Cisnes, agradece la oportunidad generada por Conadi, porque “pudimos aclarar muchas dudas de mucha gente, sobre todo pescadores artesanales y otros usuarios del borde costero, y darles a entender cuál es la importancia de los Espacios Costeros de Pueblos Originarios. Esto, porque hay una campaña del terror, especialmente impuesta por empresarios salmoneros, quienes quieren seguir privatizando el mar. La industria salmonera nunca ha sido, y nunca será, compatible con los ecosistemas de la Patagonia marina. Nosotros tenemos la convicción de que la ley 20.249 es una herramienta que nos permite contener la degradación ambiental y recuperar a los frágiles fiordos y canales de los cuales vivimos”.
Los ECMPOs son una figura que surge el año 2008 a partir de la aprobación de la Ley 20.249, y que legitima la presencia de comunidades indígenas en los bordes costeros, reconociendo y protegiendo sus usos consuetudinarios. Si bien la Ley 20.249 indica que son las comunidades indígenas quienes pueden solicitar un Ecmpo, son figuras de administración de usos marino-costeros deliberadas a escala local, en manos de quienes habitan el litoral, incluyendo sindicatos de pescadores, recolectores de orilla, juntas de vecinos y otras organizaciones locales. La ley establece que se respetan los derechos otorgados con anterioridad a la solicitud, contemplando la inclusión de diferentes actores y organizaciones que desarrollan actividades de trabajo sustentables, no siendo de beneficio exclusivo de las comunidades solicitantes. En ese sentido, los ECMPOS son una alternativa para asegurar un uso sustentable y armonioso con todos los seres vivientes que forman parte de los canales patagónicos, contribuyendo a la conservación de la naturaleza a partir de las prácticas culturales basadas en las costumbres y el diálogo equitativo.
“Fuimos a defender nuestra postura ante la industria salmonera, que para nosotros es absolutamente dañina e incompatible con la búsqueda de conservación que promueven los Ecmpo de la Patagonia. Hoy en día existe un llamado urgente de todo el mundo por cuidar nuestro planeta, sobre todo a cuidar este territorio que era prístino, un llamado para todos aquellos a quienes les interese el futuro de nuestro planeta, y por eso les pedimos solidarizar con nuestras solicitudes porque estamos peleando solos contra estos enormes intereses económicos”, señaló por su parte Nelson Millatureo Raín, presidente de la comunidad indígena Antunen Rain de islas Huichas, durante este proceso de consulta convocado por Conadi, en relación a la amenaza que representan las industrias extractivas como la salmonicultura, para estos ecosistemas y para la subsistencia de sus comunidades.
Con más de de 2.500 islas y más de 10.000 kilómetros lineales de costa, la Región de Aysén sigue albergando ecosistemas prístinos, con fiordos y canales reconocidos a nivel mundial por su biodiversidad y paisajes. En sus costas y archipiélagos actualmente habitan alrededor de 3 mil personas que viven de economías pesqueras, en contextos de gran aislamiento y precarización. Estos canales concentran la mayor representatividad de población indígena de esta región, que forma parte de sindicatos de pesca artesanal, juntas de vecinos, instituciones públicas, entre cientos de manifestaciones de la vida social.
“Sabemos que en la Región de Los Lagos existen fiordos que colapsaron y se quedaron sin oxígeno por la irresponsabilidad de la industria salmonera. En nuestra región, en la costa expuesta aún existe mucha biodiversidad, pero si uno entra por los canales ya ve que los erizos y otras especies están en condiciones lamentables, producto del fango y químicos que vierten cientos de balsas jaulas junto con toneladas de basura plástica y metálica abandonada en las costas y en el fondo del mar”, enfatiza Daniel Caniullán.
“Los organismos fiscalizadores están en deuda con nuestros ecosistemas. Nosotros sabemos que es difícil la lucha que damos, pero ¿quiénes seríamos si no fuésemos capaces de defender nuestro territorio?”, cierra Nelson Millatureo.
