Por Ricardo Álvarez y Florencia Diestre, equipo Conservación a Escala Local, Programa Austral Patagonia - UACh
En la Región de Aysén han comenzado a proliferar ataques racistas a miembros de comunidades indígenas isleñas, a través de redes sociales. Los ataques en cuestión tienen como trasfondo los conflictos de interés asociados a los usos extractivos de los recursos naturales que albergan los archipiélagos de la región, y en los que habita la mayor densidad de población perteneciente a Pueblos Originarios.
El racismo debiese parecernos un problema del pasado, pero en parte de la población de la Región de Aysén aún persiste una imagen negativa sobre lo indígena, asumiendo preliminarmente que son parte de un pasado remoto que se extinguió, o bien, que son recién llegados. Se los acusa de provocar incertidumbre para el desarrollo regional, de pretender impedir a los pescadores extraer peces, y se exige que sean excluidos de procesos de gobernanza por no poseer las competencias suficientes que sí poseen los demás actores no-indígenas. Este discurso xenófobo es el mismo que puede leerse en los titulares de medios de prensa del siglo XIX, cuando la República de Chile apelaba a la adhesión de sus habitantes para ocupar violentamente La Araucanía. Contar con esta solidaridad grupal contra un grupo de personas -cuya característica principal era ser indígena- permitió invisibilizar los abusos cometidos y eliminar la sensación de culpabilidad de esa sociedad en construcción que, a estas alturas, pareciera seguir construyéndose.
El racismo es un pasivo, y es uno de los más graves: construye arquetipos prejuiciados que se instalan en la vida social, apuntando a un grupo de personas que compartirían rasgos construidos unilateralmente por quienes desean excluirlos de la toma de decisiones, y acusándolos de poner en jaque la posibilidad de bienestar de los demás.
En el caso aquí expuesto, el foco de estos ataques han sido las propuestas de uso marino-costero promovidas por estas comunidades a través de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo, Ley 20.249). A los Ecmpo se les acusa de ser la peor amenaza para el desarrollo regional, sin embargo, estos espacios no son figuras de explotación, no son figuras excluyentes de usos, no son figuras competitivas… Para constatarlo basta con leer la ley desde cualquier computador o biblioteca. Los Ecmpos son una figura administrativa que permite ejercitar libremente las costumbres de las comunidades, las que generan bajo impacto sobre la naturaleza e -incluso- proveen contribuciones recíprocas que favorecen la restauración de áreas que han sido sobreexplotadas.
Pareciese ser que la amenaza, realmente, es la incapacidad de empatizar con una opción de uso distinta a la que se ha desarrollado en las aguas del sur de nuestro país. En ellas abundan proyectos de explotación basados en la competencia entre pares y en la administración privativa y excluyente de aguas y especies, impulsada por actores que advierten el fin del mundo cada vez que consideran amenazados sus intereses y su posibilidad de continuar creciendo. Cuando ello ocurre, ponen especial empeño en cuestionar al Estado y a la sociedad civil.
En vez de primar un diálogo informado, objetivo y equitativo entre los múltiples actores, lamentablemente en este escenario prolifera la información falsa que confunde y confronta a los habitantes de la región. Las famosas fake news construyen realidades y, al parecer, resulta más cómodo aceptarlas que cuestionarse su contenido, sobre todo cuando provocan el quiebre y precarización del delicado tejido relacional de comunidades isleñas en las que la pobreza multidimensional y la vulnerabilidad ante el deterioro de su medio ambiente es enorme.
Queremos apelar, a través de esta columna, a la sensatez. Activar conflictos internos en territorios tan sensibles como islas, es nefasto. Todos sus habitantes están de una u otra manera entrelazados y cualquier conflicto provocado malintencionadamente los conduce a la confrontación. El racismo es contrario a cualquier diálogo, y es una barrera infranqueable a la construcción de objetivos de desarrollo inclusivo que beneficie a todas y todos.
Es momento de frenar esta oleada de xenofobia que pretende excluir la participación de grupos indígenas y poblaciones vulnerables que son las más afectadas por la degradación de los ecosistemas de los que dependen estrechamente para mantener a sus familias, sus costumbres y cultura. El mar puede compatibilizar perfectamente los múltiples usos si estos se basan en umbrales socioecológicos y de derechos humanos. No comprender lo anterior es la verdadera amenaza al desarrollo regional, al bienestar de sus habitantes y a la integridad de la naturaleza.
