César Guala Catalán, director Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Co-escrita con Juan Carlos Miranda, académico del Instituto de Estadísticas y exdecano de la Facultad de Cs. Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile.
Que el Gobierno haya avanzado en la creación de 16 áreas protegidas en el país, sumando 374.225 hectáreas al resguardo de la biodiversidad, sin duda era un dato digno de anunciarse en una Cuenta Pública, como ocurrió el 1 de junio. Valoramos las cifras y los enormes pasos que se han dado en esta materia, pero quisiéramos recalcar que no se trata sólo de ir sumando hectáreas protegidas, sino de lograr que las áreas que ya existen funcionen bien. Y en eso el desafío del país es aún enorme.
Un área protegida cumple su función cuando se gestiona adecuadamente, si no, no es más que una línea en el mapa. Y en Chile lamentablemente tenemos muchas líneas: aunque el 20,5% de la superficie terrestre y 42,3% del mar territorial y zona económica exclusiva (ZEE) están bajo el resguardo de algún área protegida, sabemos que muchas de ellas no cuentan con los recursos básicos para lograr una gestión óptima en función de su objetivo, a saber, la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad, y la generación de bienestar a las comunidades portal y a sus visitantes.
Un reciente estudio del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, junto a investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la misma casa de estudios y a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), determinó que la brecha presupuestaria existente para lograr una adecuada gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado SNASPE, específicamente en 18 parques nacionales tomados como pilotos, asciende a 16.926 millones de pesos anuales. Sólo a modo de referencia cabe decir que este monto es similar al asignado anualmente a Conaf para la administración de todo el SNASPE compuesto por 106 áreas protegidas.
Para el año 2023, de hecho, este sistema recibió 19.000 millones de pesos (21% menos que lo asignado el año anterior), gran parte de los cuales estaban destinados al pago de sueldos.
Lo restante, en tanto, debía alcanzar para tener equipamiento e infraestructura aptos para enfrentar la propagación de especies invasoras, el ingreso de ganado, los incendios o el uso inadecuado por parte de los visitantes, entre otros peligros latentes. Debía alcanzar, además, para desarrollar planes de manejo que establezcan el marco de las acciones que pueden o no hacerse al interior de un área protegida, y para tener estrategias de monitoreo que evalúen si las medidas de conservación de especies y control de amenazas implementadas en el área funcionan o no. Adicionalmente, y no menos importante, el presupuesto debía ser suficiente para asegurar el involucramiento, la participación, la coordinación y el respaldo de las comunidades vecinas -también llamadas comunidades portal- en la toma de decisiones respecto al manejo de las áreas protegidas; acciones, todas ellas, necesarias para que la conservación de ecosistemas sea un desafío común a todas las personas, de la mano con el desarrollo y bienestar de las comunidades portal.
Eso, y mucho más, debía hacerse con ese presupuesto. Y es que la gestión de un área protegida es un arista enorme y compleja, pero indispensable para que la existencia del área tenga sentido; para para que todos y todas sigamos teniendo la oportunidad de visitar ecosistemas grandiosos y convivir con su flora y fauna, de hacer caminatas por senderos, regocijarnos con las vistas grandiosas de los miradores y acampar cobijados por árboles.
Si realmente queremos hacer las cosas bien de cara a la crisis de biodiversidad y climática, debemos lograr que las hectáreas bajo protección avancen necesariamente hacia un nuevo escenario de gestión de áreas protegidas, definido por estándares internacionales como los que nos propone la Lista Verde de la Unión para la Conservación de la Naturaleza o UICN, que ya está operativo en Chile.
¿Cómo viene la mano para el 2024? ¿Seguiremos con avanzando un paso y retorciendo tres? ¿Cómo quedará el presupuesto destinado a gestión de áreas protegidas el ponerse en marcha el SBAP?
Esperamos que la información que aporta el estudio del Programa Austral Patagonia contribuya a fortalecer las decisiones del sector público para abordar las brechas existentes y encaminarnos, así, hacia la consolidación de un sistema de áreas protegidas moderno y ejemplar. Sería muy alentador que en la próxima cuenta pública presidencial se demuestre con cifras que las áreas protegidas no sólo están creciendo, sino que también están cumpliendo con su mandato fundamental: la conservación de los ecosistemas y el bienestar de los habitantes locales.
