La Patagonia chilena es una región milenaria que alberga culturas originarias y comunidades locales cuyas formas de vida están vinculadas a los ecosistemas naturales. Por esta razón, las oportunidades de conservación terrestre y marina deben integrar de manera armoniosa los objetivos de conservación y enfatizar el respeto por la identidad e integración de las comunidades, para que puedan conservar sus recursos y tradiciones ancestrales.
Las comunidades locales son las primeras y principales beneficiarias de los servicios ecosistémicos provistos por la Patagonia, pero también son sus más legítimos defensores. El éxito de un área protegida depende de un acople armonioso entre los objetivos de conservación y los intereses de la comunidad, en un tipo de gobernanza amplia y transparente.
Buscamos construir y mejorar capacidades que aporten al fortalecimiento local y a la relación entre las comunidades con sus áreas protegidas, a través de la promoción de gobernanzas comunitarias y de la planificación de nuevos espacios. Asimismo, buscamos abrir nuevas oportunidades de conservación en la Patagonia, mediante la identificación de áreas potenciales de ser conservadas.
Los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, conocidos como Ecmpo, nacen el año 2008 bajo la Ley 20.249 como una figura para la protección de los usos consuetudinarios y conservación biocultural de las comunidades indígenas que habitan el borde costero del país. Son espacios que puede solicitar una comunidad indígena o una asociación de comunidades indígenas para “resguardar el uso consuetudinario de estos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero” (Art. 3 de la Ley), excluyendo toda actividad industrial tales como salmonicultura, proyectos portuarios u otros, si dichas concesiones no han sido otorgadas de manera previa a la solicitud.
Asegurar estos espacios permite promover la conservación marina para abordar las presiones y amenazas sobre la biodiversidad y los modos de vida local. Y son, sin duda, un instrumento de gobernanza y gestión desde y para las comunidades, que puede contribuir a la protección de funciones ecosistémicas esenciales tanto para humanos como para otras especies.
53% del territorio chileno corresponde a predios del Estado, o fiscales, ubicados principalmente en la zona norte del país y en la Patagonia chilena. Un gran número de estos predios tiene un tremendo valor natural y cultural, además de entregar importantes servicios ambientales como fuentes de agua, recreación y esparcimiento. Al mismo tiempo, estas áreas presentan diversas amenazas como ocupaciones ilegales, enajenación, degradación de sus suelos y bosques, incendios y otros.
Trabajamos junto a ONGs locales como Aumen, Puelo Patagonia y Fundación Omora, además de municipios y servicios públicos, para contribuir a la valoración y uso sustentable de este patrimonio natural y cultural. Apoyamos las iniciativas de creación de nuevos Bien Nacional Protegido, figura con base local que promueve el acceso responsable, manejo inclusivo y efectivo liderado desde las organizaciones locales, municipios y gobiernos regionales.
